En un nuevo capítulo de lo que sus seguidores denuncian como una persecución política sin precedentes, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la derecha conservadora, comenzó el 2 de septiembre de 2025 a enfrentar un juicio ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por supuestos cargos relacionados con un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Desde el entorno bolsonarista, se sostiene que este proceso, liderado por el juez Alexandre de Moraes, es una farsa montada por la izquierda y el establishment judicial para silenciar al hombre que transformó Brasil y desafió el sistema corrupto durante su mandato (2019-2022). Los cargos, que incluyen tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático y pertenencia a una organización criminal, son considerados por los aliados de Bolsonaro como acusaciones fabricadas sin pruebas sólidas, diseñadas para impedir su retorno al poder en 2026.
Bolsonaro, de 70 años, está bajo arresto domiciliario desde agosto de 2024, con una tobillera electrónica que sus seguidores califican como un símbolo de la humillación impuesta por un STF sesgado, donde jueces como Moraes, Cristiano Zanin (exabogado de Lula) y Flávio Dino (exministro de Justicia de Lula) son vistos como operadores políticos al servicio del Partido de los Trabajadores.
El juicio, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, se centra en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de patriotas brasileños, indignados por lo que consideran un fraude electoral, protestaron en Brasilia.
Los bolsonaristas aseguran que estas manifestaciones fueron espontáneas y que culpar a Bolsonaro es un intento de criminalizar la libertad de expresión y el derecho a cuestionar un sistema electoral opaco. “No hay pruebas de que Bolsonaro haya orquestado un golpe. Esto es una cacería de brujas para aniquilar al líder del pueblo”, afirmó el diputado Eduardo Bolsonaro, quien desde Estados Unidos ha buscado apoyo internacional, incluyendo del presidente Donald Trump.
La defensa de Bolsonaro, encabezada por el abogado Celso Vilardi, sostiene que no existe evidencia concreta que vincule al expresidente con los eventos del 8 de enero o con los supuestos planes de asesinato contra Lula, Moraes o Geraldo Alckmin. “Bolsonaro siempre actuó dentro de la Constitución, explorando opciones legales para garantizar la transparencia electoral”, declaró Vilardi, calificando el proceso como una aberración jurídica.
Los bolsonaristas denuncian que el STF ha acumulado un poder excesivo, actuando como un tribunal político al servicio de Lula, quien habría ganado las elecciones de 2022 en circunstancias cuestionables. Además, señalan la hipocresía del gobierno actual, que no ha enfrentado la misma persecución por sus propios escándalos.
El respaldo internacional no se ha hecho esperar. Donald Trump, aliado de Bolsonaro, ha calificado el juicio como una “cacería de brujas” y ha impuesto aranceles del 50% a productos brasileños, además de sanciones al juez Moraes bajo la Ley Magnitsky, acusándolo de socavar la democracia. “Bolsonaro es un hombre bueno, perseguido por un sistema injusto”, escribió Trump, generando un movimiento de apoyo entre los bolsonaristas, quienes ven en estas acciones una esperanza para frenar lo que consideran un avance dictatorial en Brasil.
Manifestaciones masivas en Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo, con banderas brasileñas y estadounidenses, han exigido la liberación de Bolsonaro y el fin de la persecución judicial. “El pueblo está con Bolsonaro, no con los jueces vendidos al globalismo”, afirmó Ana Vasconcelos, una seguidora de 63 años, en una protesta reciente. El juicio, que incluye a siete aliados de Bolsonaro como el exministro de Defensa Walter Braga Netto, es visto por los bolsonaristas como un intento de desmantelar el movimiento conservador que renovó la esperanza en Brasil, promoviendo valores cristianos, el libre mercado y la lucha contra la corrupción.
Mientras el STF transmite las sesiones en vivo, los partidarios de Bolsonaro advierten que una condena, que podría alcanzar hasta 43 años de prisión, no detendrá su lucha. “Bolsonaro representa a millones de brasileños que no se arrodillarán ante la izquierda. Si lo condenan, el pueblo se levantará”, advirtió el pastor Silas Malafaia, líder evangélico y aliado clave. El veredicto, esperado para el 12 de septiembre, no solo decidirá el futuro de Bolsonaro, sino que pondrá a prueba la resistencia de un movimiento que se niega a ser silenciado.
