A poco más de 60 días del inicio del juicio oral por la causa Cuadernos, que investiga un vasto esquema de coimas durante los gobiernos kirchneristas, un grupo de 28 imputados –principalmente empresarios– solicitó ante la Justicia la “reparación integral” del perjuicio, ofreciendo pagar una suma millonaria como indemnización a cambio de un sobreseimiento definitivo y evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Otros ocho imputados pidieron participar en la audiencia correspondiente, aunque aún no han explicitado si se sumarán a la oferta económica, elevando potencialmente el total a 36 de los más de 80 procesados en esta primera etapa del megajuicio.
La propuesta, amparada en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal –que permite extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral–, implica compensar el supuesto daño con acciones concretas y un monto dinerario, sin que los imputados reconozcan los hechos imputados. “La acción penal se extinguirá (…) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”, establece la norma citada en los pedidos judiciales. En caso de aceptación, los beneficiados obtendrían un cierre definitivo del proceso sin admisión de culpa, a diferencia de mecanismos como el juicio abreviado.
El movimiento se inició con la presentación de los abogados de Roberto Juan Orazi, ingeniero civil de la constructora Hidraco, quien impulsó la reparación integral. Ante esto, la fiscal Fabiana León –quien intervino junto a Carlos Stornelli en la investigación– recomendó trasladar la consulta a todos los imputados dada la proximidad del debate oral, programado para el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal compuesto por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. “Considerando útil al proceso concentrar las presentaciones de esta misma naturaleza, se requiere conocer previamente la posición [de las partes]. Máxime, cuando ya con anterioridad inquietudes de este mismo tenor fueron traídas por múltiples defensas a la Fiscalía”, indicó León en su despacho.
La Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por Paul Starc y actuando como querellante, también deberá pronunciarse sobre la viabilidad de la oferta. Fuentes judiciales consultadas ven en esta iniciativa una posible medida dilatoria, tras el fracaso de estrategias previas como cuestionar la autenticidad de los cuadernos, abrir causas paralelas, intentar desplazar fiscales o trasladar el expediente a la justicia electoral. Hace apenas semanas, un peritaje confirmó la originalidad de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer del extinto Ministerio de Planificación Federal bajo Julio De Vido, poniendo fin a siete años de debates sobre su validez.
La causa Cuadernos, originada en agosto de 2018 a partir de una investigación periodística de Diego Cabot que derivó en una denuncia, expuso un supuesto sistema de sobornos en la obra pública, con anotaciones detalladas de entregas de dinero por parte de empresarios a funcionarios. Según el último informe cuantitativo de la fiscal León, el expediente abarca 170 procesados, 26 encuadres jurídicos, 540 delitos, 899 testigos propuestos y 13 pericias, convirtiéndolo en una de las investigaciones de corrupción más extensas en la historia judicial argentina. Cristina Kirchner figura como principal acusada por asociación ilícita, aunque su situación se tramita en expedientes conexos.
Los nombres de los 28 imputados que ofrecieron la reparación no han sido revelados públicamente, pero se trata mayoritariamente de empresarios del sector de la construcción y obras públicas. Si prospera, la audiencia podría fijarse pronto para evaluar las propuestas específicas, incluyendo el monto de la indemnización y su destino –posiblemente con afectación a fines públicos–, lo que podría despertar debates sobre si esta vía equivale a “cambiar reparación por impunidad”. Analistas judiciales advierten que, de rechazarse, el juicio avanzaría inexorablemente, exponiendo a los imputados a penas potenciales por cohecho y otros delitos graves.
Este desarrollo añade un nuevo capítulo a un caso emblemático de la lucha contra la corrupción en Argentina, donde todos los involucrados permanecen en libertad y el proceso ha generado centenares de planteos procesales en los últimos años. Por ahora, la Justicia evalúa si esta oferta millonaria altera el curso del megajuicio o se suma a las tácticas fallidas de dilación.
