El Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia Federal por lo que calificó como una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral, tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La acción judicial, impulsada por el Ministerio de Seguridad, apunta a frenar la propagación de estas grabaciones y solicita allanamientos a medios y periodistas involucrados en su difusión.
El escándalo comenzó el viernes 29 de agosto, cuando el canal de streaming Carnaval, dirigido por el periodista Mauro Federico, publicó fragmentos de grabaciones que, según afirmaron, corresponden a Karina Milei y habrían sido obtenidas de manera clandestina en la Casa Rosada. Aunque los audios no hacen referencia a hechos ilícitos, el Gobierno considera que su filtración constituye un ataque planificado para afectar la campaña electoral, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales del 26 de octubre.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la denuncia a través de su cuenta en la red social X: “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”
La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, recayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. En el escrito, se solicita la adopción de medidas cautelares urgentes para prohibir la difusión de nuevas grabaciones, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal). Además, se pidió allanar las oficinas del canal Carnaval, así como los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del empresario Pablo Toviggino (principal accionista del canal) y de Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, señalado por el Gobierno como presunto responsable de la filtración.
Cabe recordar que Bindi cuenta con un pasado cuando menos oscuro. Entre el 2013 y el 2015, Bindi estuvo prófugo de la Justicia con pedido de captura internacional de Interpol en una causa por sustracción de menores. Además, la pareja de Marcela Pagano y padre de su hijo en común es sospechado por múltiples vínculos con dictaduras socialistas y con regímenes islámicos terroristas.
En paralelo a la grave denuncia penal, un juez federal en lo civil y comercial, Alejandro Patricio Maraniello, emitió una medida cautelar que ordena el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a Karina Milei. La resolución prohíbe su publicación en medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales, y ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) garantizar el cumplimiento de la medida.
El Gobierno enmarca este episodio como parte de una maniobra más amplia, vinculada al reciente escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien denunció presuntas coimas en el organismo. Según la narrativa oficial, ambos casos forman parte de una “operación opositora” destinada a influir en el proceso electoral y desestabilizar al Ejecutivo.
La filtración de los audios de Karina Milei generó una fuerte reacción en el oficialismo. La senadora libertaria Florencia Arietto calificó el hecho como “la mayor operación política de la democracia” y advirtió que los medios que no revelen sus fuentes podrían ser responsables de eventuales atentados contra el presidente o su hermana. Por su parte, el referente del PRO bonaerense, Diego Santilli, repudió la filtración y pidió “meter en cana” a los responsables, denunciando la existencia de grupos de inteligencia detrás de la maniobra.
El caso, que se desarrolla en un contexto de alta tensión política y electoral, ha generado preocupación en la Casa Rosada no solo por el contenido de las grabaciones, sino por la vulnerabilidad que implica que conversaciones privadas en la sede del Poder Ejecutivo puedan ser registradas y filtradas. Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para determinar la procedencia de los audios y los responsables de lo que el Gobierno califica como un “ataque ilegal” a la democracia argentina.
