Brasilia, Brasil – 11 de septiembre de 2025 – En un fallo que ha generado profunda controversia y alarma entre los defensores de la democracia genuina en América Latina, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
La sentencia, emitida por una mayoría de cuatro votos contra uno, acusa al líder conservador de cinco delitos graves, incluyendo abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, daños calificados contra el patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio protegido.
Este veredicto, influido por magistrados designados durante el gobierno de Lula da Silva, representa un precedente preocupante para la independencia judicial y el equilibrio de poderes en la región. El proceso, que se prolongó por varios meses, se fundamenta en interpretaciones controvertidas de eventos como las protestas masivas y la invasión de edificios públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023, comparados de manera forzada con incidentes como el asalto al Capitolio en Estados Unidos.
Bolsonaro, de 70 años y actualmente bajo arresto domiciliario desde agosto, es señalado como el “jefe” de una supuesta organización criminal que buscaba impugnar los resultados electorales, aunque sus defensores argumentan que se trata de una persecución política motivada por su oposición firme al progresismo radical.
La pena, que podría haber llegado a 43 años pero fue atenuada por consideraciones formales, obliga al expresidente a cumplirla en régimen cerrado, un castigo que muchos ven como desmedido y diseñado para silenciar a una voz disidente clave.
Paralelamente, fueron condenados siete exfuncionarios y militares cercanos a Bolsonaro: Walter Souza Braga Netto (exjefe del Estado Mayor, 26 años), Almir Garnier (excomandante de la Marina, 24 años), Anderson Torres (exministro de Justicia, 24 años), Augusto Heleno (exministro de Seguridad Institucional, 21 años), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa, 19 años), Alexandre Ramagem (exdirector de Inteligencia, 16 años y un mes) y Mauro Cid (ex-asesor presidencial y delator, 2 años en régimen abierto).
El juez relator, Alexandre de Moraes, defendió la decisión afirmando que “Brasil evitó una dictadura”, pero el magistrado Luiz Fux emitió el único voto disidente, cuestionando la falta de pruebas concluyentes y advirtiendo sobre un posible “juicio político” que socava la imparcialidad del tribunal.
La reacción ha sido inmediata y polarizada. Mientras el gobierno de Lula celebra el fallo como un “triunfo de la democracia”, sectores bolsonaristas en el Congreso impulsan iniciativas de amnistía para revertir estas condenas, argumentando que responden a una agenda de la extrema izquierda para eliminar opositores.
Internacionalmente, el presidente Donald Trump, aliado histórico de Bolsonaro, ha calificado la sentencia de “arbitraria y motivada políticamente”, comparándola con sus propios procesos y amenazando con medidas comerciales contra Brasil, como aranceles del 50% a sus exportaciones.
Críticos conservadores destacan que jueces como Cristiano Zanin y Flávio Dino, nombrados por Lula, han inclinado la balanza hacia un sesgo ideológico, erosionando la confianza en las instituciones y poniendo en riesgo las pocas democracias sólidas del continente.
Bolsonaro tiene derecho a apelar ante el pleno del STF y posiblemente ante foros internacionales, pero esta condena marca la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es sancionado por supuestamente atentar contra el orden democrático.
En un contexto regional de tensiones crecientes –con paralelos en Argentina y Venezuela–, este caso ilustra la fragilidad de los sistemas judiciales ante presiones políticas, donde la polarización entre conservadurismo y progresismo extremo amenaza con desestabilizar gobiernos y sociedades. Los partidarios de Bolsonaro llaman a la unidad para defender los valores de libertad y justicia, advirtiendo que tales fallos podrían allanar el camino para autoritarismos disfrazados de legalidad.
