México enfrenta una nueva oleada de violencia política tras el hallazgo del cuerpo decapitado del exalcalde de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luria, y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ambos en medio de un contexto de creciente inseguridad. Estos crímenes han avivado las críticas hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha descartado una guerra frontal contra el narcotráfico, priorizando una estrategia de contención que muchos consideran insuficiente.
Asesinato en Chinameca, Veracruz
El exalcalde Lázaro Francisco Luria, quien gobernó Chinameca entre 2012 y 2013, fue secuestrado a principios de noviembre y encontrado muerto el 6 de noviembre en un sembradío de maíz, según reportes de Nacion321, detalla que Luria fue torturado y decapitado, a pesar de que su familia pagó un rescate.
La imagen compartida muestra un escenario rural con autoridades y un cuerpo cubierto, consistente con las descripciones de los hechos. Este caso ha generado indignación y ha sido vinculado por algunos a la inacción gubernamental, con llamados a protestas el 15 de noviembre para exigir seguridad y cambio político.
Asesinato en Uruapan, Michoacán
Apenas días antes, el 3 de noviembre, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque armado, convirtiéndose en el séptimo edil asesinado en Michoacán desde 2022, según The New York Times. Manzo, conocido por su postura firme contra los cárteles que extorsionan a productores de aguacate y limón, había denunciado públicamente las amenazas en su contra y se había reunido periódicamente con militares, logrando la detención de decenas de sospechosos y el decomiso de armas y explosivos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la muerte del atacante en el lugar y el arresto de dos cómplices, aunque las autoridades no han establecido un motivo claro.
Contexto y Respuesta Gubernamental
Estos asesinatos ocurren en un momento crítico para la política mexicana, donde la violencia política ha escalado, con 167 incidentes registrados durante las elecciones de 2018, según el Mexico Peace Index. La estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, se aleja de una “guerra contra el narco”, como lo reiteró el 9 de octubre de 2024 en una conferencia de prensa cubierta por Los Angeles Times. Sheinbaum ha prometido enfocarse en la prevención y el diálogo, rechazando el enfoque militarista de administraciones previas. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada tras episodios como el uso de “narco minas” en el oeste del país y el aumento de asesinatos de funcionarios locales.
Perspectiva y Repercusiones
La violencia en Veracruz y Michoacán pone de manifiesto la lucha de los cárteles por el control territorial, exacerbada por la falta de una estrategia coercitiva contra el crimen organizado. Expertos sugieren que la decisión de Sheinbaum de no perseguir directamente al narco podría estar influida por la complejidad de las redes criminales y la necesidad de evitar más derramamiento de sangre, pero esto ha dejado a muchos alcaldes y exfuncionarios vulnerables. El caso de Luria, quien había abandonado la vida pública tras su mandato, resalta cómo el pasado político sigue siendo un blanco para el crimen organizado.
Las protestas anunciadas para el 15 de noviembre podrían marcar un punto de inflexión, mientras la comunidad internacional observa de cerca la capacidad de México para abordar esta crisis. Hasta ahora, las autoridades han prometido investigaciones, pero la impunidad sigue siendo un desafío estructural en el país.
