El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la apertura de una investigación judicial para esclarecer la denuncia presentada por el Gobierno nacional sobre una presunta operación de inteligencia ilegal vinculada a la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.
La denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y redactada por el abogado Fernando Soto, recayó en el Juzgado Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini. El Gobierno sostiene que las grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval y atribuidas a Karina Milei y al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, forman parte de una maniobra clandestina para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. La filtración, según el oficialismo, busca influir en las elecciones legislativas de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y las nacionales del 26 de octubre.
Stornelli, en su dictamen, consideró que los hechos denunciados son “lo suficientemente graves y verosímiles” como para justificar una investigación, presumiendo “la ilegitimidad legal de los audios” y calificándolos como producto de una “operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina”. El fiscal señaló que las grabaciones, que habrían sido captadas en la Casa Rosada y otras dependencias bajo jurisdicción federal, podrían implicar delitos como asociación ilícita, perturbación del orden público y violaciones a la Ley Nacional de Inteligencia. Además, sugirió que la maniobra no se limita a los audios de Karina Milei, sino que incluye grabaciones previas de otros funcionarios, apuntando a una trama más amplia que podría involucrar a sectores de la oposición y servicios de inteligencia extranjeros.
La investigación, que ahora queda en manos del juez Ercolini, deberá determinar si existió una operación de espionaje ilegal y quiénes son los responsables, mientras se respetan las garantías constitucionales de los periodistas. El episodio, que combina acusaciones de corrupción, filtraciones y tensiones electorales, promete mantener en vilo a la opinión pública en un momento crítico para el gobierno de Javier Milei.
