En un nuevo capítulo de las crecientes tensiones en torno a la inmigración y la seguridad en Madrid, la Delegación del Gobierno, bajo la dirección de Francisco Martín, tomó la decisión de prohibir una concentración convocada por el partido político Vox frente al Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza el 2 de septiembre de 2025.
La manifestación, anunciada bajo el lema “Vecino: exige seguridad”, respondía a un reciente incidente que ha avivado el malestar en la comunidad: la presunta violación de una menor de 14 años, atribuida a un residente del centro, y una agresión perpetrada por encapuchados contra tres menores migrantes el domingo previo.
Estos hechos han reavivado el debate sobre la gestión de los centros de acogida de menores no acompañados y la seguridad en los barrios circundantes. La resolución de la Delegación del Gobierno se fundamentó en informes policiales que alertaron sobre un “elevado riesgo de alteración del orden público” y la posibilidad de que la concentración pudiera derivar en actos que incitaran a delitos de odio.
Sin embargo, esta prohibición no disuadió a los representantes de Vox, quienes, encabezados por Isabel Pérez Moñino y Rocío de Meer, llevaron a cabo un acto simbólico en las inmediaciones del centro, desafiando la resolución gubernamental. Durante el evento, Vox reiteró su demanda de cerrar los centros de acogida de menores migrantes, argumentando que representan una amenaza para la seguridad de los vecinos. Esta acción ha abierto la puerta a posibles sanciones administrativas por parte de las autoridades, que desplegaron un fuerte dispositivo policial para contener cualquier incidente.
El trasfondo de esta controversia no es nuevo. El Centro de Hortaleza ha sido durante años un punto de fricción en el debate político español, con críticas recurrentes de vecinos que lo señalan como un foco de inseguridad. Los incidentes recientes han amplificado estas voces, que acusan a las políticas migratorias de ser excesivamente permisivas y de descuidar las preocupaciones de los residentes locales.
Por su parte, la Delegación del Gobierno ha defendido su postura como un esfuerzo por mantener la convivencia y proteger a una población vulnerable, en este caso, los menores no acompañados que residen en el centro. Aunque el incidente en Hortaleza es un asunto de carácter local, se desarrolla en un contexto global marcado por tensiones relacionadas con la seguridad, la migración y la inestabilidad geopolítica.
