El Gobierno argentino concretó la primera adjudicación de su programa de privatizaciones viales, transfiriendo la gestión de la denominada “ruta del Mercosur” —un corredor estratégico que conecta Buenos Aires con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y los países limítrofes Brasil y Uruguay— a dos consorcios privados. La medida, formalizada mediante la Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte y publicada en el Boletín Oficial, marca el inicio de la Red Federal de Concesiones (RFC), con el objetivo de mejorar la conservación, ampliar la infraestructura y reducir el gasto público en mantenimiento.
El Tramo Oriental, que abarca 560 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14 —desde Ceibas hasta Paso de los Libres—, fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., perteneciente al grupo José Cartellone. Este segmento incluye tramos clave como el enlace con el puente internacional General Artigas y la represa binacional Salto Grande, vitales para el comercio regional y el transporte de cargas agroindustriales. Por su parte, el Tramo Conexión, de 181 kilómetros que integra las rutas 135, A-015, 117, 174 y el puente Rosario-Victoria, quedó en manos del consorcio formado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. Ambas adjudicaciones corresponden a ofertas que proponen plazos de concesión de entre 20 y 30 años, con énfasis en la ejecución de obras de rehabilitación y duplicación de calzadas para alcanzar la “transitabilidad óptima”.
La toma de posesión está prevista para mediados de diciembre de 2025, tras la firma de contratos definitivos y la verificación técnica por parte de Vialidad Nacional. Inicialmente, los peajes se mantendrán en torno a los 2.000 pesos por vehículo liviano, con actualizaciones graduales basadas en la inflación y el avance de las mejoras. Una vez cumplidos los estándares de calidad vial, la tarifa ascenderá a 3.563 pesos en estaciones clave como Zárate, según las propuestas económicas ganadoras. Fuentes oficiales destacan que este modelo elimina subsidios estatales —que absorbían unos 300 millones de pesos anuales en déficits previos— y transfiere la responsabilidad total de mantenimiento y expansión a los concesionarios, financiados íntegramente por recaudación de peajes y servicios complementarios.
El proceso, anunciado en octubre de 2024 por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, tardó 13 meses en concretarse y responde a la necesidad de revertir el deterioro de la red vial, donde el 45% de los tramos bajo gestión estatal presentaba condiciones subóptimas. El Gobierno enfatiza que la iniciativa impulsará inversiones por miles de millones de pesos en obras como bacheos, iluminación LED, sistemas de pesaje dinámico y áreas de servicio, generando empleo indirecto en construcción y logística. Además, se alinea con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capital extranjero en infraestructura.
Desde el ámbito provincial, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró la adjudicación en redes sociales: “¡Una gran noticia para Entre Ríos! Celebro que esta ruta, troncal para el desarrollo de nuestra provincia y del país, haya sido adjudicada.” Frigerio subrayó el rol del Estado como “motor y articulador” de estas mejoras largamente esperadas, que potenciarán el crecimiento regional.
Esta primera etapa de la RFC sienta precedentes para la segunda fase, lanzada simultáneamente, que licitará más de 1.800 kilómetros en Buenos Aires y La Pampa —incluyendo rutas 3, 5, 205 y 226—, con llamados previstos para febrero de 2026 y adjudicaciones en julio. El plan global apunta a concesionar hasta 9.000 kilómetros de la red vial nacional, concentrando el 80% del tránsito vehicular y fomentando la competitividad exportadora sin carga fiscal adicional. Autoridades del Ministerio de Economía proyectan que estas transferencias estabilizarán la ecuación económica de los corredores, reduciendo tiempos de viaje y accidentes en un 20% a mediano plazo.
