En un caso que expone las grietas del sistema penitenciario provincial, este miércoles 10 de septiembre darán inicio los alegatos en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Salta, en un proceso que juzga a una presunta red dedicada a la comercialización de estupefacientes dentro de las cárceles. Los acusados incluyen a presos, sus familiares y agentes del Servicio Penitenciario, en un entramado delictivo que ha generado conmoción en la sociedad salteña por su impacto en la seguridad y el control carcelario.
El juicio oral y público, que ha avanzado a paso firme durante las últimas semanas, se centra en delitos graves como la comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de más de tres personas y cometida en un establecimiento de detención. Además, se imputa a uno de los involucrados por exacciones ilegales agravadas, conocidas como concusión, un hecho que añade una capa de corrupción al núcleo de la causa. La audiencia de este miércoles, programada para las 8:30 en el Centro Judicial de la capital salteña, marcará el comienzo de la etapa final, con la exposición de argumentos de la fiscalía y las defensas.
Entre los imputados figuran Francisco Bisceglia, Josué Valencia, Baldomero Córdoba, María Inés Méndez, Manuel Méndez, Nicol Judith Luna, Patricia Daiana Flores y Marcos Matías Bucotich. Fuentes judiciales indican que Luna y Flores, inicialmente acusadas como coautoras, vieron modificada su calificación a partícipes necesarias durante el proceso. En tanto, la fiscalía amplió la imputación contra Bucotich por un adicional de exacciones ilegales, lo que resalta la complejidad de la red desmantelada. En la última jornada probatoria, celebrada este martes, Bisceglia hizo uso de su derecho a declarar, cerrando así la presentación de pruebas. Previamente, Valencia, Córdoba, Méndez (padre e hija) también habían prestado declaración.
La Unidad Fiscal Especial de Investigación, a cargo del procurador general Pedro García Castiella junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, liderará los alegatos iniciales. Se estima que esta fase se extenderá entre tres y cuatro días, dada la magnitud del expediente, que incluye testimonios, peritajes y evidencias recolectadas en allanamientos y operativos policiales. La expectativa es que, una vez concluidos los argumentos, el tribunal dicte sentencia el próximo 23 de septiembre, un fallo que podría sentar precedentes en la lucha contra el narcotráfico intramuros en Argentina.
Este proceso no solo revela la infiltración de actividades ilícitas en el Servicio Penitenciario de Salta, sino que pone en el tapete fallas estructurales en el control y la vigilancia carcelaria. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad han alertado sobre cómo estas redes no solo facilitan el ingreso de drogas, sino que también generan violencia interna y extorsiones a otros internos. “Es un golpe al corazón del sistema correccional”, comentaron fuentes cercanas al caso, aunque no se han emitido declaraciones oficiales de los imputados más allá de sus testimonios en el banquillo.
La sociedad salteña sigue con atención este desarrollo judicial, en un contexto donde el narcotráfico sigue siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades provinciales. El veredicto final no solo definirá el destino de los acusados, sino que podría impulsar reformas urgentes en las prisiones para prevenir futuras infiltraciones. Las audiencias, transmitidas parcialmente por el sistema de justicia, prometen ser un momento clave en la búsqueda de justicia y transparencia en el ámbito penitenciario.
