Buenos Aires, 24 de octubre de 2025. – En un fallo que acelera la recuperación de fondos públicos desviados en la megacausa de corrupción Vialidad, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, confirmando la ejecución inmediata del decomiso por $684.990.350.139,86.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron la competencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) para llevar adelante la medida, desestimando argumentos de inconstitucionalidad y duplicidad de sanciones que buscaban frenar el proceso penal.
El dictamen, emitido en respuesta a un pedido de urgencia del fiscal Mario Villar, subraya que el decomiso no es una sanción accesoria ni una reparación civil, sino una herramienta penal esencial para neutralizar los beneficios ilícitos obtenidos por el fraude en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
“El decomiso del producto de un hecho delictivo se ha transformado en un eslabón central de la investigación penal, destinado a erradicar la rentabilidad del delito y evitar su reiteración”, argumentó Hornos en su voto, alineándose con estándares internacionales contra la criminalidad económica compleja.
El monto, actualizado por inflación, deberá ser cubierto de forma solidaria por todos los condenados, incluyendo a Kirchner –penada a 6 años de prisión por administración fraudulenta– y Báez, con una unificada de 15 años por esta y la “Ruta del Dinero K”.
Las defensas habían planteado la incompetencia del TOF 2, alegando que la ejecución equivalía a una “acción resarcitoria” impropia del fuero penal y violaba el principio de “non bis in idem” al superponerse con una demanda civil ya archivada contra Kirchner.
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, denunciaron además riesgos de duplicidad procesal y afectación al derecho de propiedad, solicitando que el trámite pasara al fuero Civil y Comercial Federal.
Báez, por su parte, reclamó que el decomiso excedía el período de su responsabilidad individual y debía limitarse al tramo 2009-2015. Casación desechó estos puntos, aclarando que la medida recae solo sobre bienes derivados del delito, sin perjuicio de garantías constitucionales, y que el TOF 2 –con fiscales Diego Luciani y Sergio Mola– es el órgano idóneo para su implementación expedita.
La resolución representa un revés clave para Kirchner, quien aún apela su condena ante la propia Casación, y para Báez, detenido en el penal de Ezeiza. Fuentes judiciales indicaron que el TOF 2 retomará de inmediato las actuaciones para identificar y rematar activos –como propiedades, cuentas bancarias y sociedades de Austral Construcciones–, en un proceso que podría extenderse meses pero que ya incluye embargos preventivos por cientos de millones de dólares equivalentes.
El fallo refuerza la política de recupero de activos impulsada por el Ministerio Público Fiscal, en un contexto de mayor escrutinio a causas de corrupción kirchnerista.
Mientras el expediente principal de Vialidad aguarda resolución de fondo, el decomiso marca un paso concreto hacia la devolución de fondos públicos, en medio de la polarización electoral a horas de las legislativas del 26 de octubre.
