El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que busca penalizar con un año de prisión a quienes quemen la bandera estadounidense como forma de protesta. La medida, anunciada desde el Despacho Oval, ha generado controversia debido a su conflicto directo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en 1989 estableció que la quema de la bandera es una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.
Durante la firma, Trump afirmó que quemar la bandera “incita disturbios a niveles que nunca hemos visto antes” y calificó el acto como una “declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación”. Según el presidente, la orden detendrá estas acciones “de inmediato”. Sin embargo, el texto de la orden ejecutiva no establece explícitamente la pena de un año de cárcel, sino que insta al Departamento de Justicia, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, a investigar y aplicar leyes penales y civiles contra los casos de quema de bandera que causen daños no protegidos por la Primera Enmienda.
La orden también incluye disposiciones específicas para migrantes, permitiendo al Departamento de Estado y al de Seguridad Nacional revocar visas, permisos de residencia, procesos de naturalización o incluso buscar la deportación de aquellos que participen en actos de “profanación de la bandera”. Trump comparó esta medida con una orden previa de su primer mandato que impuso penas de hasta 10 años por dañar monumentos, asegurando que dicha política eliminó esos actos.
Un Debate ConstitucionalLa orden ejecutiva ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión. En el fallo de 1989, Texas v. Johnson, la Corte Suprema decidió por 5 a 4 que quemar la bandera es un acto protegido, tras un caso en el que el activista Gregory Lee Johnson fue condenado por este acto durante una protesta en 1984. Trump ha criticado esta decisión como “triste” y sostiene que la quema de la bandera puede incitar a la violencia, un argumento que busca justificar la persecución penal más allá de las protecciones constitucionales.
Organizaciones de derechos civiles han advertido que la orden podría enfrentar impugnaciones legales, ya que contradice precedentes constitucionales claros. A pesar de esto, Trump defendió la medida citando el apoyo de encuestas, donde el 59% de los estadounidenses consideran que quemar la bandera nunca debería ser aceptable.
Contexto y ReaccionesLa orden llega en un momento de aumento de protestas que incluyen la quema de banderas, particularmente en manifestaciones antiisraelíes y contra operativos antiinmigración en ciudades como Los Ángeles. Trump señaló que muchos de estos actos son llevados a cabo por “agitadores pagados”, aunque no proporcionó pruebas específicas.
La medida ha generado reacciones polarizadas. En redes sociales, algunos usuarios expresaron apoyo, destacando el valor simbólico de la bandera, mientras que otros criticaron la orden como un ataque a las libertades fundamentales.Con esta orden, Trump busca reforzar su postura de mano dura frente a actos de protesta, pero su implementación enfrenta un camino incierto en los tribunales, donde la protección constitucional de la libertad de expresión podría prevalecer.
