El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, presentó una denuncia ante la Justicia Federal por lo que calificó como una “operación de inteligencia no institucional” tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. La acción judicial, acompañada de una medida cautelar que prohíbe la difusión de las grabaciones, busca contrarrestar lo que el Ejecutivo describe como una maniobra para desestabilizar al país en plena campaña electoral, a días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales de octubre.
La filtración de los audios, difundidos el viernes 29 de agosto por el canal de streaming Carnaval, desató una rápida respuesta del Gobierno. En las grabaciones, atribuidas a Karina Milei, no se mencionan hechos ilícitos, pero el solo hecho de que fueran registradas subrepticiamente en la Casa Rosada generó alarma en el Ejecutivo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la denuncia a través de un mensaje en X: “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”
La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y redactada por el abogado Fernando Soto, recayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. El escrito describe la filtración como una “maniobra golpista” destinada a “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral”. Se solicita la adopción de medidas cautelares urgentes para prohibir la difusión de nuevos registros y se pide el allanamiento de las oficinas de Carnaval, así como los domicilios de su dueño, Pablo Toviggino, y los militantes Mauro Federico y Jorge Rial, señalados como responsables de la propagación del material.
El Gobierno también apunta al abogado Franco Bindi, pareja de Marcela Pagano y padre de su hijo en común, como presunto autor de la “operación de inteligencia” que permitió las grabaciones. La denuncia destaca la “gravedad inusitada” de que estas se hayan realizado en la Casa Rosada, sugiriendo una violación sin precedentes a la privacidad institucional.
Horas después de la denuncia, el juez civil y comercial Alejandro Maraniello otorgó una medida cautelar a favor de Karina Milei, ordenando el cese inmediato de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno. La resolución prohíbe su publicación en medios, redes sociales o plataformas digitales y encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) garantizar su cumplimiento. En su presentación, Karina Milei argumentó que, de ser reales, los audios fueron obtenidos “ilegal e ilegítimamente” sin su consentimiento, afectando su honor, reputación y la imagen del Gobierno.
La filtración ocurre en un momento políticamente sensible, a menos de una semana de las elecciones legislativas en Buenos Aires (7 de septiembre) y en vísperas de los comicios nacionales (26 de octubre). El Gobierno vincula la difusión de los audios con una estrategia opositora para debilitar a La Libertad Avanza, especialmente tras el impacto del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelado por audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. En esos registros, Spagnuolo mencionaba un supuesto esquema de corrupción que involucraría a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, entre otros.
La difusión de los audios ha generado un fuerte rechazo en el oficialismo. El candidato a diputado Diego Santilli calificó el hecho como “de una gravedad monumental” y lo comparó con operaciones similares en el pasado, exigiendo que los responsables sean llevados ante la Justicia.
