Sturzenegger, lanzó duras críticas contra la farmacéutica Biogénesis Bagó, calificando su reclamo judicial como “un chiste” tras un fallo que dio la razón al Estado en un litigio por retenciones a las exportaciones de soja. La decisión judicial, que refuerza la vigencia de las alícuotas impositivas, llega en un momento clave para las políticas de ajuste fiscal y podría desincentivar reclamos similares en el campo.
El caso se remonta a la aplicación de las retenciones diferenciales a la soja, un impuesto que el Gobierno nacional mantiene pese a las promesas de eliminación total durante la campaña electoral de 2023. Biogénesis Bagó, una de las principales exportadoras de subproductos oleaginosos, había iniciado acciones legales argumentando que las alícuotas –que pueden llegar al 33%– configuran una carga excesiva y violan principios constitucionales de equidad tributaria. La empresa, con operaciones en el procesamiento de granos y producción de harinas y aceites, alegaba pérdidas millonarias por la menor competitividad en mercados internacionales, en un contexto donde Brasil y EE.UU. operan con menores barreras arancelarias.
Sin embargo, el juez a cargo del expediente –cuya identidad no trascendió en fuentes oficiales– resolvió a favor del Ejecutivo, validando la legalidad de las retenciones y rechazando los argumentos de la demandante. “El fallo confirma que las medidas fiscales del Gobierno son sólidas y no dan lugar a interpretaciones caprichosas”, indicaron desde la Secretaría de Hacienda en un comunicado breve. Esta resolución no solo obliga a Biogénesis Bagó a cumplir con los pagos adeudados, estimados en decenas de millones de dólares, sino que también cierra la puerta a devoluciones retroactivas, un reclamo que había sido impulsado por varias cámaras del agro.
La réplica de Sturzenegger, actual asesor económico informal del presidente Milei, no se hizo esperar. En un tuit que rápidamente viralizó en redes sociales, el economista liberal ironizó: “Parece un chiste que Biogénesis Bagó, que gana fortunas con patentes farmacéuticas, venga a lloriquear por retenciones que todos pagan”. Sus palabras, cargadas de sarcasmo, aluden a la doble faz del negocio de la compañía: por un lado, su rol en la agroexportación; por el otro, su división de biotecnología que genera ingresos por medicamentos de alto valor. “En lugar de judicializar, deberían invertir en innovación y dejar de ser parte del club de los que evaden la responsabilidad fiscal”, agregó Sturzenegger en una entrevista radial posterior, defendiendo la necesidad de las retenciones como “puente temporal” hacia una reforma tributaria integral.
Desde Biogénesis Bagó, la respuesta fue contenida. Un portavoz de la empresa lamentó el fallo como “un retroceso para la competitividad argentina” y anunció que evaluará apelaciones en instancias superiores, posiblemente hasta la Corte Suprema. “No se trata de un ‘chiste’, sino de la supervivencia de miles de empleos en la cadena agroindustrial”, replicaron en un comunicado, recordando que la compañía emplea a más de 5.000 personas en el país y exporta el 70% de su producción.
El dictamen judicial se inscribe en un patrón más amplio de confrontaciones entre el Gobierno y el sector productivo. Desde la asunción de Milei, al menos una docena de fallos han avalado medidas como el congelamiento de haberes o la desregulación laboral, en un esfuerzo por estabilizar las cuentas públicas ante una inflación que, aunque desacelerada, aún supera el 4% mensual. En el agro, las retenciones a la soja –vigentes desde la era kirchnerista– generan unos USD 8.000 millones anuales, un ingreso vital para el Tesoro pero un freno para productores que enfrentan costos logísticos elevados y vaivenes climáticos. Expertos consultados por LA NACION advierten que este tipo de litigios podría multiplicarse si no se avanza en la prometida baja gradual de alícuotas, prevista para 2026.
Para Sturzenegger, el episodio es una oportunidad para presionar por más desregulación. “Estos ‘chistes’ judiciales solo demoran la modernización que Argentina necesita”, sentenció, alineándose con la visión mileísta de un Estado “mínimo” que priorice la inversión privada. Mientras tanto, en el campo, la bronca crece: entidades como la Sociedad Rural Argentina ya convocan a asambleas para debatir estrategias ante lo que llaman “impuestos predatorios”. El fallo contra Biogénesis Bagó no solo es un triunfo táctico para el Gobierno, sino un recordatorio de que, en la Argentina de 2025, la batalla por el bolsillo se libra tanto en los tribunales como en los campos. ¿Seguirá el “chiste” o mutará en tragedia económica? El agro, con la cosecha gruesa en marcha, espera respuestas concretas.
