Buenos Aires, 16 de noviembre de 2025 – El Gobierno de Javier Milei acelera una profunda reforma en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), inspirada directamente en el modelo estadounidense de control fronterizo, con la creación de una policía migratoria propia dotada de facultades para detener y deportar de manera inmediata a inmigrantes en situación irregular.
Esta iniciativa, que se materializará mediante un decreto inminente, ya generó la transferencia de la DNM al Ministerio de Seguridad esta semana, marcando un viraje hacia un enfoque más operativo y represivo, similar al de agencias como Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Estados Unidos.
La nueva estructura otorgará a Migraciones “capacidad operativa propia”, permitiendo detenciones en aeropuertos, puertos y puntos de ingreso, así como expulsiones aceleradas por alertas, antecedentes penales o irregularidades administrativas.
No se trata de una fuerza federal nueva e independiente, como aclararon fuentes gubernamentales, sino de una reconversión interna que complementará las funciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), evitando duplicidades. El diseño replica el sistema tripartito estadounidense: procesos administrativos como los de USCIS, investigaciones y deportaciones al estilo ICE, y controles fronterizos inspirados en CBP.
Esta reforma se enmarca en un acuerdo firmado por Milei en julio de 2025 con la funcionaria estadounidense Kristi Noem para incorporar a Argentina al Programa Visa Waiver, que exige estándares estrictos contra la migración irregular a cambio de viajes sin visa. Precede a cambios ya implementados, como el Decreto 366/2025 de mayo, que endureció la Ley de Migraciones al ampliar causas de rechazo –incluyendo antecedentes sin condena firme–, restringir el acceso gratuito a salud y educación pública, y agilizar expulsiones.
La ministra Patricia Bullrich celebró recientemente las primeras deportaciones bajo esta norma, con cuatro casos en un solo día. En comparación con Estados Unidos, donde ICE maneja detenciones masivas y deportaciones –superando los 2 millones en el último mandato de Donald Trump–, y CBP opera patrullas armadas en fronteras, la versión argentina busca eficiencia similar pero adaptada al contexto local.
Datos oficiales indican que solo el 1,2% de los migrantes extranjeros cometieron delitos graves entre 2020 y 2024, y las deportaciones anuales rara vez superan las 500, aunque el Gobierno justifica la medida alegando que el 20% de la población carcelaria es extranjera y criticando “abusos” como tours sanitarios.
La iniciativa divide a la sociedad: el vocero Manuel Adorni la defiende como protección al contribuyente argentino, mientras organizaciones como el CELS y la UBA la acusan de xenofobia institucional, violatoria del Pacto de Migración de Mercosur y derechos constitucionales.
Con unos 1,5 millones de migrantes en situación precaria, mayoritariamente de países vecinos, el impacto podría ser significativo. El decreto se publicaría en el Boletín Oficial pronto, con una transición de seis meses que incluirá capacitaciones con expertos de ICE. En un país forjado por la inmigración, esta política plantea un dilema entre seguridad nacional y tradición inclusiva, en un debate que recién inicia.
