a Cámara Argentina de Comercio (CAC) elevó una denuncia formal al ministro de Economía, Luis Caputo, por la implementación de regímenes de pago anticipado del impuesto sobre los Ingresos Brutos en el transporte interjurisdiccional de mercaderías, a los que califica como “aduanas interiores” que generan graves daños al comercio entre provincias y aumentan la burocracia para las empresas.
En una carta dirigida a Caputo, la entidad presidida por Mario Grinman expresó su preocupación por la proliferación de estos esquemas provinciales, que exigen pagos previos del impuesto para permitir la entrada de bienes destinados a la comercialización. Sin el comprobante de pago, las mercaderías no pueden ingresar a la jurisdicción, lo que genera ineficiencias logísticas, eleva costos y complica las operaciones diarias de las compañías.
“Observamos con preocupación que dichos esquemas comienzan a proliferar con grave daño al comercio interjurisdiccional y por tanto a las empresas que representamos”, señala la CAC en el documento. La entidad detalla que estos regímenes varían por provincia en métodos de cálculo, tipos de bienes afectados, periodicidad de pagos y documentación requerida, lo que obliga a las empresas a invertir en sistemas específicos para cumplir con requisitos que consideran “ilegales, inflexibles e ineficientes”.
Uno de los principales impactos destacados es en la logística: las operaciones deben ajustarse a horarios bancarios (de 7 a 18 horas en días hábiles) para emitir los comprobantes, lo que puede causar demoras en puestos de control y pérdidas económicas, especialmente en mercaderías perecederas o congeladas. “Se producen efectos adversos en la logística por la necesidad de, por ejemplo, coordinar horarios de carga y descarga de los bienes, lo cual obstaculiza el desenvolvimiento del comercio interprovincial, genera un alto grado de burocratización e ineficiencias, eleva los costos y se traduce en un incremento de la carga fiscal”, advierte la CAC.
Estos mecanismos se superponen con otros sistemas como el Régimen General, SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias) y SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra), generando saldos de crédito inmovilizados que agravan la presión financiera sobre las empresas. La CAC alerta que, si todas las provincias adoptaran estas prácticas, los centros logísticos se verían limitados a operar solo en horarios bancarios, excluyendo fines de semana y operaciones 24/7.
El reclamo se enmarca en un contexto de críticas más amplias a la presión fiscal en Argentina. Grinman ya había denunciado previamente la “descarada” presión impositiva de los gobernadores, mientras que la Unión Industrial de Córdoba (UIC), a través de su presidente Luis Macario, coincidió en que “la Argentina no sólo cobra mucho: cobra mal”. Un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) revela que las empresas deben realizar en promedio 7,4 pagos de impuestos municipales, reflejando el aumento de gravámenes y las disparidades entre provincias y municipios.
La CAC enfatiza que estas complejidades operativas y efectos financieros atentan contra la búsqueda de eficiencias en costos de comercialización y distribución, lo que podría traducirse en mayores precios de venta al público. “Todas estas complejidades operativas y efectos financieros atentan contra las constantes búsquedas de eficiencias en los costos de comercialización y distribución de las empresas, lo que potencialmente se traducen en mayores precios de venta al público, yendo en sentido contrario a las políticas de desregularización y desinflación que implementa el Gobierno Nacional, empeorando la competitividad de las empresas argentinas”, concluye la entidad en su carta.
Este episodio pone de relieve las tensiones entre las políticas nacionales de desregulación y las medidas provinciales que, según los afectados, frenan el comercio interno y afectan especialmente a las pymes. Por el momento, no se registraron respuestas oficiales de Caputo o del Gobierno, pero la denuncia podría impulsar debates sobre una reforma impositiva para armonizar los regímenes interjurisdiccionales y aliviar la carga sobre el sector privado.
