- Limitar su alcance, es decir, reducir lo que los DNU pueden hacer o sobre qué temas pueden aplicarse.
- Exigir que el Congreso (Diputados y Senadores) los apruebe en un plazo de 90 días, o de lo contrario, los decretos perderían validez.
Este es otro intento de la oposición por restringir las herramientas ejecutivas de Milei que podría debilitar la capacidad del presidente para implementar medidas rápidas en un contexto de crisis heredada, afectando la gobernanza efectiva que ha caracterizado su mandato.
Desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó que el gobierno está trabajando en alternativas para mejorar las prestaciones a personas con discapacidad sin comprometer las finanzas públicas, como la recuperación de fondos de pensiones irregulares otorgadas en administraciones anteriores. “La prioridad es la responsabilidad fiscal y la protección de los más vulnerables, pero no a costa de la estabilidad de todos los argentinos”, afirmó.
Mientras el Senado avanza con estas iniciativas, el oficialismo prepara una estrategia de judicialización para contrarrestar lo que considera un ataque político orquestado. Milei, firme en su compromiso con el déficit cero, enfrenta un nuevo desafío en su lucha por mantener a Argentina en el camino de la recuperación económica.
