El gobierno de Javier Milei presentó hoy a Congreso un proyecto de reforma laboral que incluye la eliminación total del impuesto interno sobre automóviles, conocido como el “impuesto al lujo”, junto con otros gravámenes selectivos al consumo.
Esta medida, incluida en el capítulo de reducción de la carga tributaria, busca eliminar distorsiones en el mercado y fomentar el consumo al hacer más asequibles los vehículos de gama media y alta.
El impuesto, reintroducido en 2020 y actualizado trimestralmente por la AFIP (ahora ARCA), aplica solo a autos particulares como hatchbacks, sedans y SUVs con precios superiores a los 103 millones de pesos, excluyendo vehículos comerciales como pick-ups o vans.
Actualmente, el esquema impositivo se divide en dos escalas: la primera, con una alícuota del 20% (efectivo del 25%), fue suspendida en enero de 2025 para no afectar modelos de gama media, lo que llevó a los fabricantes a ajustar precios justo por debajo de los umbrales.
La segunda escala, reducida a un 18% (efectivo del 22% por acumulación con otros tributos), impacta duramente en los segmentos premium, elevando significativamente los costos finales.
Con esta propuesta, se busca remover por completo estos gravámenes no solo para autos, sino también para motores, lanchas recreativas y aviones, alineándose con la agenda de desregulación económica del presidente.
Si el Congreso aprueba el proyecto durante las sesiones extraordinarias que concluyen el 30 de diciembre, la eliminación entraría en vigor el 1 de enero de 2026, lo que generaría un impacto inmediato en los precios.
Expertos estiman que modelos de alta gama, por encima de los 130 millones de pesos, podrían bajar hasta un 25%, posicionándose en rangos de 100 a 108 millones, llenando así un vacío en el mercado entre 103 y 125 millones donde escasean opciones.
Por ejemplo, el Toyota Crown importado de Japón, que supera los 130 millones, vería una rebaja cercana al 20%. Este ajuste no sería aislado: generaría un efecto cascada, con reducciones de al menos el 10% en vehículos cercanos a los 100 millones para mantener la competitividad, y un reescalonamiento general para modelos sobre 60 millones, potencialmente bajando precios de 110 millones a menos de 90 millones en segmentos medio-altos.
En términos de recaudación fiscal, la medida implica una pérdida directa por el fin del 18% en ventas de lujo, pero se compensaría con mayores ingresos por aranceles del 35% en importaciones extrazona y un aumento en el volumen de transacciones.
El sector automotriz anticipa un boom en ventas de importados y mayor fluidez en el mercado, aunque advierte de una posible desaceleración en diciembre para el segmento premium, ya que compradores postergarían adquisiciones hasta enero; sin embargo, este efecto sería mínimo gracias a la estacionalidad y la rápida tramitación de patentes, que demora solo dos o tres semanas.
A largo plazo, la eliminación democratizaría el acceso a vehículos de calidad, reduciendo no solo los precios de compra sino también costos asociados como seguros, patentes y matriculaciones. Beneficiaría inicialmente a segmentos de ingresos medios y altos, pero el reajuste competitivo extendería ventajas a la clase media, impulsando la movilidad en un contexto de inflación ala baja.
Además, potenciaría la actividad económica al elevar las ventas en un 10% o más en 2026, equilibrando producción local con un flujo mayor de importaciones y contribuyendo a una mayor competitividad del mercado automotor argentino.
El proyecto de Milei representa un paso audaz hacia la liberalización, corrigiendo distorsiones heredadas y abriendo puertas a un sector más dinámico, aunque su aprobación final dependerá de las negociaciones legislativas en las próximas semanas.
