La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro dio luz verde a una ley que premia con bonos salariales a policías civiles que incauten armas de alto calibre o abatan a delincuentes en operativos.
La medida, respaldada por el gobernador Claudio Castro y sus aliados, otorga primas de entre 10% y 150% del sueldo mensual, según la acción, y se implementará en 15 días tras su promulgación.
El proyecto, parte de una reforma de la Policía Civil, busca valorar a los agentes que enfrentan el crimen organizado en un estado donde las favelas sufren la violencia de narcotraficantes. “Es un reconocimiento a quienes arriesgan su vida”, afirmó el diputado Marcelo Dino.
En 2024, Río registró 703 muertes en intervenciones policiales, casi dos por día, según datos oficiales. La ley ha generado controversia: sus defensores argumentan que incentiva la acción contra el crimen, mientras críticos alertan sobre un posible aumento de la letalidad policial, recordando el fallido “Bono del Lejano Oeste” de los 90.
Algunos juristas cuestionan su compatibilidad con la Constitución. El gobierno estatal sostiene que la medida es clave para recuperar el control en favelas y enfrentar grupos como el PCC, tras casos como el reciente asesinato de un exjefe policial en São Paulo. La ley podría enfrentar impugnaciones legales, pero por ahora avanza como parte de una reforma de seguridad.
