El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), con apenas siete bancas de las 72, observa con preocupación cómo se erosionan los lazos con aliados potenciales de cara al recambio parlamentario del 10 de diciembre y las elecciones de octubre, que podrían complicar aún más la agenda de reformas del Gobierno de Javier Milei.
La convocatoria, solicitada por la senadora radical Edith Terenzi (Chubut, aliada en el interbloque Provincias Unidas) y el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), busca destrabar proyectos pendientes y consensuar una agenda legislativa en la reunión de la Labor Parlamentaria prevista para martes o miércoles. Sin embargo, el clima es gélido: el reciente veto presidencial a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para gobernadores –originado en el Senado– domina las discusiones, con la oposición dispuesta a insistir con dos tercios de los votos para anularlo. Esta medida, vista por el Ejecutivo como un freno a la “racionalización” del gasto, ha envenenado el diálogo y avivado reclamos provinciales.
“Por supuesto que sumar senadores propios es siempre beneficioso y acá rezamos para que ocurra, ya que somos siete de 72. Ahora, ¿de qué te sirve duplicar bancas sabiendo que vas a seguir lejos del quorum y, encima, vivís dinamitando cualquier atisbo de intercambio? Ya no se trata de quién tenga razón, sino de no tener ni…”, lamentó un influyente operador del Congreso en off the record, reflejando el desaliento en las filas libertarias. El Gobierno teme que estas fricciones rompan definitivamente con ex aliados, como la senadora santacruceña Natalia Gadano, cuya “patoteo” en sesiones pasadas –incluyendo choques con la vicepresidenta Victoria Villarruel– ya generó demoras en la aprobación de la Ley Bases en 2024, junto a figuras como José María Carambia.
Entre los temas en la mira, destaca el veto a los ATN, que beneficiaban a provincias en crisis fiscal. Pero la agenda se amplía: se discute un proyecto para endurecer penas por denuncias falsas, impulsado por un caso reciente de una médica acusada injustamente, y la “ley Nicolás”, en memoria de Nicolás Deanna, el joven de 24 años fallecido en 2023 por meningitis bacteriana no detectada. Esta iniciativa, que busca prevenir errores médicos y mala praxis, fue trabada por el kirchnerismo en su momento y ahora espera luz verde en el Senado, aunque persisten resistencias.
Villarruel, como presidente de la Cámara alta, enfrenta críticas internas por su gestión y su actividad en redes sociales, que algunos ven como un factor de desunión. Su reciente directiva –exigir a los 24 senadores que no buscan reelección la devolución de mobiliario y recursos para el 10 de diciembre– ha sumado leña al fuego, interpretada como un guiño a la austeridad mileísta pero también como un gesto de confrontación. La última sesión, el 4 de septiembre, ya había dejado un sabor amargo, y el kirchnerismo, que se espera mantenga al menos un tercio de las bancas tras octubre, se posiciona como bloqueo firme.
Para LLA, el panorama es sombrío: sin consensos, las ambiciosas reformas laborales, previsionales y tributarias –que el mercado anticipa para el verano– parecen un sueño lejano. Fuentes cercanas al oficialismo advierten que el “quórum frágil” y la “falta de pulso diplomático” podrían costar caro en diciembre, cuando el recambio renovará un tercio de la Cámara. Mientras la oposición, fragmentada entre peronistas disidentes y bloques provinciales, busca capitalizar el descontento, el jueves podría marcar un punto de no retorno: ¿consenso o colapso total?
