El juez federal Sebastián Casanello ordenó un exhaustivo análisis de los cruces de llamadas y mensajes entre el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otros imputados en la causa que investiga un presunto plan para apoderarse ilegalmente de la Obra Social del Personal Rural y Estibador de la República Argentina (Osprera), una de las más grandes del país. La investigación, iniciada por una denuncia del titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, apunta a una maniobra que involucra a figuras clave del oficialismo y a allegados a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
La causa, que sacude al entorno del Gobierno de Javier Milei, indaga si Cordero, junto al interventor de Osprera, Carlos Petroni, el diputado de La Libertad Avanza Pablo Ansaloni y otros tres acusados, orquestaron un “plan criminal” para controlar la Uatre y su obra social. Según fuentes judiciales, Casanello solicitó a las compañías telefónicas los registros de comunicaciones entre los imputados desde el 15 de diciembre de 2024 hasta el 20 de febrero de 2025, incluyendo datos de geolocalización de los celulares. Además, se ordenó el peritaje del teléfono de Petroni, que reveló contactos frecuentes con Cordero, Ansaloni y Sergio Andrés Aguirre, socio de Menem en la empresa HTech Innovation, contratada por Osprera para trabajos informáticos.
El fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la investigación, pidió la indagatoria de los acusados tras detectar mensajes comprometedores. En uno de ellos, Petroni afirmó: “Nosotros somos Lule y Karina”, en referencia a Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sugiriendo un vínculo directo con el entorno del poder. Otro mensaje reveló reuniones de Petroni con Cordero, el ministro de Salud Mario Lugones y Martín Menem en la Casa Rosada, lo que refuerza las sospechas de una operación coordinada.
La denuncia de Voytenco acusa a los imputados de intentar tomar el control de la Uatre tras la derrota electoral de Ansaloni en 2022, utilizando la intervención de Osprera como herramienta. La Secretaría de Trabajo, bajo la dirección de Cordero, había solicitado en febrero la intervención judicial del sindicato por supuestas irregularidades electorales, un pedido que fue desestimado por la Cámara Laboral.
Osprera, que atiende a miles de trabajadores rurales, está bajo la lupa desde que una auditoría reveló una deuda de casi 100.000 millones de pesos y severas irregularidades, incluyendo pagos millonarios a la droguería Suizo Argentina, investigada también en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la contratación de HTech Innovation, vinculada a Martín Menem, por 16 millones de pesos mensuales, generó cuestionamientos sobre posibles favoritismos.
El caso, que combina acusaciones de tráfico de influencias, desvío de fondos y maniobras políticas, pone en jaque a figuras clave del oficialismo. Mientras Casanello avanza con el análisis de las comunicaciones y documentos secuestrados en allanamientos, la investigación amenaza con exponer una red de complicidad en el corazón del poder libertario. La resolución del juez sobre las indagatorias será clave para determinar el rumbo de esta causa, que podría tener un fuerte impacto político en el Gobierno de Milei.
