En medio de un clima preelectoral cargado de fricciones institucionales, el Gobierno nacional ratificó este miércoles su decisión de no implementar la ley de emergencia en discapacidad, argumentando la ausencia de fondos especificados en la norma aprobada por el Congreso. Paralelamente, el Ejecutivo descartó como un “show electoralista” la moción de censura impulsada por la oposición contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien acusan de incumplir decisiones parlamentarias. El conflicto, que podría escalar a una interpelación en Diputados, expone las grietas entre poderes en vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La ley de discapacidad, publicada en el Boletín Oficial pero acompañada de un decreto que frena su aplicación, genera el epicentro de la disputa. Fuentes de la Casa Rosada explicaron que la norma no detalla la fuente de financiamiento para los incrementos de gasto que implica, violando la ley de financiamiento aprobada por el propio Congreso. “Es una diferencia de criterios entre dos poderes del Estado, porque no es que nosotros decimos que no vamos a aplicar la emergencia en discapacidad porque no queremos hacerlo, sino porque la ley de financiamiento dice explícitamente que todo proyecto votado en el Congreso que implique un aumento del gasto debe especificar de dónde sacará los recursos, lo cual no pasó en este caso”, sostuvo un portavoz de Balcarce 50, en declaraciones a Infobae.
El rechazo oficialista se extiende al pedido de remoción contra Francos, impulsado por bloques opositores en la Cámara de Diputados bajo el artículo 101 de la Constitución Nacional, que permite la censura al jefe de Gabinete con mayoría simple en ambas cámaras. La iniciativa, que primero debe pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales –presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz–, busca interpelar a Francos por no ejecutar la ley de discapacidad. El ministro, sin embargo, se mostró sereno y dispuesto a comparecer. “En cuanto sea aprobado y me fijen una fecha, por supuesto que voy a concurrir y debatiremos, como lo he hecho en otras oportunidades, con la Cámara de Diputados, los puntos que sean necesarios. […] Pero la verdad que no le tengo ningún temor a la discusión”, afirmó Francos en una entrevista radial, reconociendo que se trata de la primera vez que un jefe de Gabinete enfrenta una moción de este tipo, aunque “está dentro de la Constitución”.
En la Casa Rosada, el tono fue más combativo: “Ahora hay mucho ruido por las elecciones, hay muchos en la oposición que se envalentonaron por la derrota que sufrimos, pero después va a bajar un poco la espuma. Claramente, este planteo es excesivo, electoralista y política”, criticó un funcionario cercano al presidente Javier Milei, aludiendo a la reciente derrota electoral en Buenos Aires. Diputados oficialistas y aliados del PRO coincidieron en calificar la movida como “exagerada” y sin “condiciones objetivas ni subjetivas”. Un legislador libertario la tildó de “show lamentable” y “una mentira más”, sugiriendo que no prosperará gracias al respaldo de gobernadores provinciales, clave en la votación.
La oposición, por su parte, insiste en que Francos, como coordinador del Ejecutivo, debe garantizar el cumplimiento de las decisiones del Congreso, especialmente en un tema sensible como la atención a personas con discapacidad. Bloques como Unión por la Patria y otros minoritarios ven en esta resistencia una afrenta a la separación de poderes, y buscan capitalizar el descontento social de cara a las urnas.
Analistas políticos advierten que este roce podría intensificar la polarización, aunque el Gobierno confía en que, incluso si se aprueba la censura, Milei podría reincorporar a Francos de inmediato. “Es un pulso institucional que refleja la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza, pero también su apuesta a un discurso de firmeza contra el gasto público”, explicó un consultor. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el desenlace de esta moción podría marcar el tono de la campaña y el futuro equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo en un año de reformas controvertidas. Por ahora, el Gobierno mantiene su postura: priorizar la austeridad fiscal por sobre presiones coyunturales.
