Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y asesor de confianza de Karina Milei, se encuentra en el centro de una tormenta judicial que involucra al menos seis causas penales en la Justicia federal. Primo segundo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y sobrino del histórico exmandatario Carlos Saúl Menem, Lule –quien ocupa cargos públicos desde los años 90– niega toda implicación y califica las denuncias como “una burda operación del kirchnerismo”. Sin embargo, audios filtrados, chats intervenidos y testimonios de funcionarios apuntan a un presunto entramado de coimas, sobreprecios en compras estatales y extorsiones a empleados públicos, con el apellido Menem como hilo conductor.
El escándalo estalló en agosto con la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien aludía a retornos del 8% en contratos de medicamentos canalizados a través de la droguería Suizo Argentina, con Karina Milei y Lule como supuestos beneficiarios del 3% de esos sobornos.
La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón –defensor de Cristina Kirchner–, ya avanza en el juzgado de Sebastián Casanello, con allanamientos en la ANDIS y citaciones pendientes a imputados como Spagnuolo y los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería. “Puede terminar en un Watergate”, advirtió Dalbón, quien acusa a Lule de presionar para adjudicar contratos en encuentros en una casa de Nordelta vinculada a la familia Menem.
Un patrón de irregularidades: de la ANDIS a PAMI y obras sociales
Las causas no se limitan a la ANDIS. En paralelo, la Justicia investiga presuntas extorsiones en delegaciones de PAMI en Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires, donde delegados supuestamente exigían un porcentaje de los sueldos a trabajadores, con vínculos políticos directos al “esquema de Lule Menem”. Voceros judiciales hablan de un “entramado de sobreprecios, cartelización y desvío de fondos” en compras públicas, con pedidos de documentación a la Cámara de Diputados y citaciones a funcionarios como Marcelo Petroni, interventor de la obra social OSPRERA (de la UATRE), cuyo celular revela chats como: “Nosotros somos Lule y Karina” o “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”.
Una denuncia previa de 2024 por irregularidades en contratos de la ANDIS con Suizo Argentina –que mencionaba a Lule y Martín Menem– fue archivada por el fiscal Carlos Rívolo, quien no halló ilicitudes. Pero los nuevos audios reactivaron el expediente, sumando a Javier y Karina Milei como denunciados por “asociación ilícita y corrupción”. En OSPRERA, con medio millón de afiliados, se indaga contratos millonarios con la misma droguería, impulsados por Lule durante la intervención.
“Operación política” vs. “pruebas irrefutables”: la defensa y el impacto en La Libertad Avanza
Lule Menem rompió el silencio en X el 25 de agosto: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Es una burda operación del kirchnerismo”. Martín Menem respaldó a su primo en medios, y desde Casa Rosada se desvinculan: “No intervinieron en decisiones de contrataciones”. Las defensas de Spagnuolo y los Kovalivker cuestionan la validez de las escuchas como “ilegítimas”. El caso trasciende lo judicial: en X, usuarios irónicos bromean sobre “cuántas causas penales necesito para encabezar una lista” como Lule, reflejando el desgaste en La Libertad Avanza. El FMI y opositores observan de cerca, mientras Dalbón anticipa: “Una vez abiertos los celulares, los fiscales verán un montón de cosas”. Para el gobierno de Javier Milei, que prometió “con el cuchillo entre los dientes” contra la corrupción, este vendaval pone a prueba su propia narrativa. Lule, el “articulador” en el Congreso desde 2019, podría ser el talón de Aquiles de un círculo íntimo que ya acumula fisuras. La Justicia, con fiscales como Picardi y Marijuan al frente, tiene la pelota: ¿se convertirá en un escándalo terminal o en humo electoral? El expediente, por ahora, sigue abierto.
