Estados Unidos estudia imponer sanciones a los funcionarios de la Unión Europea o de países miembros responsables de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la normativa que obliga a los gigantes de internet a adoptar medidas para facilitar datos personales de los usuarios.
La administración presidida por Donald Trump está considerando esta medida para defender a sus empresas tecnológicas de una regulación que, considera, censura las voces conservadoras.
Altos funcionarios del Departamento de Estado se reunieron la semana pasada para debatir cómo se aplicaría esa medida punitiva. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, de seguir ese camino, Washington podría optar por restringir la concesión de visados a los responsables de aplicar la normativa digital, explican fuentes internas a la agencia.
Aprobada a finales de 2022, la DSA ha actualizado el marco jurídico que regula el ecosistema digital en la UE para obligar a las grandes compañías del sector —la mayoría de ellas radicadas en EEUU— a ser, según ellos, “más transparentes“, a fin de “frenar las campañas de desinformación“. Las empresas que incumplan la regulación pueden ser multadas con hasta el 6% de su volumen de facturación anual mundial, cifras astronómicas que preocupan a la Casa Blanca.
Esas exigencias, en vigor desde principios de 2024, afectan principalmente a gigantes como Google, Amazon, Meta o la china TikTok. Aunque la mayoría de esas empresas han tomado medidas para adaptarse al texto legal, lo han hecho coaccionadas bajo la amenaza de ser sancionadas.
De la mano del Secretario de Estado Marco Rubio, la administración ha ordenado a sus diplomáticos en Europa que pongan en marcha una campaña de oposición a la DSA con el fin de modificarla o derogarla.
Por su parte, la Comisión Europea ha negado reiteradamente las acusaciones de “censura” lanzadas por el Gobierno trumpista, calificándolas de “completamente infundadas”. No obstante, resulta evidente que cualquier tipo de norma destinada a restringir la libertad de expresión en cualquiera de sus formas es, lisa y llanamente, una censura con todas las de la ley.
