En un contexto de tensión política tras la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció la apertura de un diálogo con gobernadores, aunque mantuvo su postura inflexible de vetar tres proyectos de ley aprobados por el Congreso: el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión, confirmada por fuentes de la Casa Rosada, se tomó en una reunión de Gabinete este miércoles, a pocas horas de vencer el plazo constitucional para pronunciarse sobre las iniciativas legislativas.
El veto total a estas leyes, que cuentan con amplio respaldo parlamentario, reaviva el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. La ley de financiamiento universitario, aprobada el pasado 21 de agosto con una mayoría superior a los dos tercios en el Senado, propone actualizar las partidas presupuestarias para las universidades nacionales con base en la inflación acumulada de 2023 y 2024, además de una recomposición salarial para docentes y personal no docente. El decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que esta medida generaría un gasto de 1,069 billones de pesos (unos 750 millones de dólares), lo que “mina la estabilidad macroeconómica” al comprometer el objetivo de déficit fiscal cero, pilar del programa económico de Milei.
“No vamos a negociar con una pistola en la cabeza”, afirmó un alto funcionario cercano al Presidente a LA NACION, reflejando la postura de la Casa Rosada de priorizar el equilibrio fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el veto al financiamiento universitario ha generado una fuerte reacción: el Congreso, que aprobó la ley con una mayoría calificada, está en condiciones de insistir y revertir la decisión presidencial, mientras que docentes, estudiantes y sindicatos ya planean una marcha federal que podría ser masiva.
Por otro lado, el veto al proyecto de reparto de ATN, impulsado por los 24 gobernadores, tensa aún más la relación con las provincias, que esperaban un gesto de acercamiento con la reciente designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior. Este proyecto, que no implica costo fiscal según los mandatarios, propone una distribución diaria y automática de parte de los fondos nacionales. “Si Milei veta esta ley, será difícil un diálogo genuino”, advirtió una fuente provincial, mientras Catalán ya inició contactos con gobernadores “afines” como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).
El veto a la ley de emergencia pediátrica, que beneficia al Hospital Garrahan, también generó controversia. Aprobada junto con las otras iniciativas, esta norma busca garantizar recursos para la atención sanitaria pediátrica, pero el Gobierno la considera incompatible con su plan de austeridad fiscal.
La decisión llega en un momento delicado para el oficialismo, tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) por trece puntos frente al peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses, sumada a las internas desatadas por el escándalo de audios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, el Gobierno enfrenta el desafío de presentar el Presupuesto 2026 en cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre, en un contexto de creciente desaprobación y presión opositora.
Mientras la Casa Rosada busca recomponer su relación con algunos gobernadores y consolidar apoyos parlamentarios, la oposición prepara su respuesta en el Congreso y en las calles. El escenario político se perfila como un nuevo campo de batalla, donde el equilibrio fiscal defendido por Milei choca con las demandas de sectores clave como la educación, la salud y las provincias.
