Una decisión judicial favorable para Argentina de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechazó el pedido de revisión de los fondos demandantes en el caso conocido como “Aurelius” o “Cupón PBI”. Este fallo, emitido el 26 de agosto de 2025, ratifica una sentencia previa y evita un potencial pago de US$500 millones al país. A continuación, presento un análisis estructurado, basado en los detalles reportados en diversas fuentes confiables. El análisis incluye un resumen, el contexto histórico, los argumentos legales, las implicaciones económicas y políticas, y una evaluación general.
La Cámara de Apelaciones rechazó la solicitud de los fondos (encabezados por Aurelius) para revisar su fallo del 16 de julio de 2025. Esto confirma la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska (julio de 2024), quien desestimó la demanda por incumplimiento de la cláusula de “No Acción” en los contratos de los bonos.
No hay más instancias de apelación ordinaria en EE.UU., aunque queda la posibilidad remota de recurrir a la Corte Suprema. La Procuración del Tesoro celebró el fallo como una “confirmación de un reciente triunfo legal” y reafirmó su compromiso con la defensa nacional.
El caso se remonta al canje de deuda de 2005, posterior al default de 2001. Para incentivar la adhesión de los bonistas, el gobierno de Néstor Kirchner (con Roberto Lavagna como ministro de Economía y Guillermo Nielsen en Finanzas) emitió “cupones PBI”, bonos que pagaban intereses si el PBI crecía más del 3% anual hasta 2035.
En 2013, bajo el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro, se cambió la base de cálculo del PBI del INDEC (de 1993 a 2004). Esto redujo la tasa de crecimiento reportada para ese año del 4,9% (base vieja) a menos del 3,22% (base nueva), evitando el pago de intereses por US$3.600 millones. Los fondos alegan manipulación de datos para evadir obligaciones, lo que desencadenó demandas en Nueva York y Londres (donde Argentina fue condenada en 2023).
Argentina ha enfrentado múltiples demandas de “fondos buitre” desde el default. Este caso se suma a otros como el de YPF (expropiación de 2012), donde Preska ha fallado en contra de Argentina en el fondo, pero recientemente se han logrado suspensiones y rechazos en apelaciones. El patrón muestra una estrategia defensiva más agresiva bajo Milei, contrastando con administraciones previas acusadas de inacción.
Este fallo es una victoria táctica para Argentina, destacando la efectividad de argumentos procedimentales en litigios complejos. Sin embargo, no resuelve el fondo del reclamo (la supuesta manipulación), que podría resurgir en otros foros. En un año de recesión y ajustes, alivia presiones inmediatas, pero subraya la necesidad de reformas para evitar futuros defaults y demandas. Recomiendo monitorear apelaciones potenciales y casos paralelos como YPF, que podrían costar miles de millones si no se gestionan bien.
