En un paso más hacia su agenda de desestatización, el Gobierno nacional inició el proceso para privatizar Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal responsable de la operación de las cuatro centrales nucleares del país, que generan cerca del 7% de la electricidad total. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, busca atraer inversión privada para modernizar un sector estratégico pero subfinanciado, en medio de críticas por los riesgos de ceder control sobre una tecnología sensible.
El anuncio formal se concretó a través de un decreto que crea una comisión ad hoc para evaluar la estructura societaria de NA-SA y preparar su oferta pública, con un plazo inicial de 90 días para presentar un plan de privatización. Según fuentes del Ejecutivo, la operación podría incluir la venta de hasta el 49% de las acciones, manteniendo un control estatal mayoritario para evitar tensiones geopolíticas. “Esto no es una entrega en bandeja; es una asociación estratégica para inyectar capital y tecnología que el Estado no puede proveer solo”, defendió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en una conferencia de prensa. La iniciativa se enmarca en la Ley Ómnibus aprobada en junio, que habilitó la privatización de empresas públicas no esenciales, aunque el sector nuclear genera debates por su rol en la soberanía energética.
Nucleoeléctrica Argentina, creada en 1983 bajo la dictadura militar y estatizada en los ’90, opera las plantas de Atucha I y II (en Zárate, Buenos Aires), Embalse (Córdoba) y CAREM (en construcción en la misma provincia). Con una capacidad instalada de 1.900 MW, estas instalaciones son vitales para la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en picos de demanda. Sin embargo, el envejecimiento de los reactores –Atucha I data de 1974– y la falta de inversiones han llevado a paradas técnicas recurrentes, como la reciente de Embalse por mantenimiento. La empresa, con un patrimonio neto de unos USD 1.200 millones, acumula deudas por combustible y servicios, lo que el Gobierno atribuye a “malas gestiones” de administraciones previas.
El proceso de privatización involucra a una comisión integrada por representantes de Economía, Energía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que asesorará sobre aspectos regulatorios y de no proliferación nuclear. Se prevé una licitación internacional, con interés de jugadores globales como EDF (Francia), Rosatom (Rusia) y Westinghouse (EE.UU.), atraídos por la experiencia argentina en el ciclo de combustible. “Queremos socios que traigan know-how para extender la vida útil de las plantas y avanzar en CAREM, nuestro reactor modular propio”, agregó Chirillo, aludiendo a un proyecto que podría posicionar al país como exportador de tecnología nuclear.
Las reacciones no se hicieron esperar. Sindicatos como ATE y Luz y Fuerza rechazaron la iniciativa, convocando a un paro de 48 horas en las plantas y acusando al Gobierno de “entregar un patrimonio nacional a corporaciones extranjeras”. “La energía nuclear no es un commodity; es seguridad estratégica. Privatizarla es un riesgo para la independencia energética”, advirtió José Rigane, titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Energía. Por su parte, la oposición peronista, liderada por Cristina Fernández de Kirchner en redes sociales, tildó la medida de “remate a precio de saldo”, recordando el fallido intento de privatización en los ’90 bajo Menem, que derivó en la reestatización por ineficiencias.
En el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas en Energía (CADER) aplaudió el anuncio como un “paso necesario para atraer USD 2.000 millones en inversiones”, pero ecologistas como Greenpeace alertaron sobre la opacidad en la gestión de residuos radiactivos. Analistas de la consultora Economía y Energía estiman que la privatización podría reducir subsidios estatales en un 30%, liberando fondos para renovables, pero advierten riesgos si no se regula estrictamente la participación extranjera.
Este avance se suma a las ya concretadas privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, consolidando el modelo mileísta de un Estado “mínimo”. Con la inflación controlada en 3,5% mensual y un superávit fiscal por primera vez en décadas, el Gobierno apuesta a que la desestatización impulse el crecimiento del 4% proyectado para 2026. Sin embargo, en un país con memoria de crisis energéticas pasadas, como el apagón de 2019, la pregunta persiste: ¿será esta una modernización genuina o el preludio de nuevos conflictos? Mientras la comisión trabaja, las centrales nucleares siguen latiendo, recordándonos que en Argentina, la energía siempre enciende debates.
