Caracas, 2 de diciembre de 2025 – En un nuevo capítulo de represión contra la oposición venezolana, un tribunal controlado por el chavismo dictó sentencias de 30 años para Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, y de 20 años para Luis Guillermo Isturiz, líder regional de Vente Venezuela.
Las condenas, pronunciadas este lunes en audiencias cerradas, se basan en cargos como terrorismo, conspiración, asociación para delinquir, forjamiento de documentos y financiamiento al terrorismo, que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) califica de “fabricados” para silenciar a críticos del régimen de Nicolás Maduro.
Tudares, un abogado de 45 años casado con Mariana González –hija de González Urrutia–, fue arrestado el 7 de enero de 2025 en Caracas, apenas tres días antes de la investidura usurpada de Maduro para un tercer mandato.
Según denuncias familiares y de la oposición, fue interceptado por hombres encapuchados vestidos de negro mientras llevaba a sus hijos de seis y siete años al colegio, en un operativo que Estados Unidos calificó inmediatamente de “secuestro” y “intimidación” contra la disidencia. Desde entonces, Tudares ha permanecido en detención arbitraria, con periodos de desaparición forzada documentados por su esposa, quien ha exigido repetidamente pruebas de vida y su liberación inmediata.
Antecedentes de detenciones y juicios exprés
El secuestro de Tudares se enmarca en una ola de arrestos postelectorales que superó las 800 detenciones políticas en 2025, según el Foro Penal, con énfasis en figuras cercanas a la oposición tras el fraude denunciado en las presidenciales de julio de 2024.
González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, reclamó la Presidencia basándose en actas electorales que lo daban por ganador con más del 67% de los votos, frente al 30% de Maduro. La detención de su yerno fue vista como un intento de presionar al líder opositor, bajo la doctrina del “efecto Sippenhaft” –culpa por parentesco–, comparada por analistas con prácticas represivas nazis.
En febrero de 2025, Tudares fue sometido a una audiencia preliminar que la PUD describió como “fraudulenta”, con imputaciones de complicidad en actos violentos, usurpación de funciones y legitimación de capitales, y la imposición de una defensa pública contra su voluntad.
Para junio, un tribunal decidió su juicio por terrorismo y conspiración, manteniéndolo en prisión pese a la falta de evidencia. Mariana González ha reiterado que su esposo “no es un actor político” y que su detención es “injusta”, destacando que no ha podido verificar su integridad física ni condiciones de salud durante meses.
En septiembre, Tudares cumplió 240 días en paradero desconocido, sumándose a una lista de 932 presos políticos reportados por Foro Penal. Por su parte, Luis Guillermo Isturiz, coordinador de Vente Venezuela –el partido de María Corina Machado– en el estado Zulia, fue detenido en septiembre de 2024 como parte de una redada contra activistas del Comando ConVzla, la coalición opositora.
Isturiz, de 42 años, enfrenta cargos similares por su rol en protestas postelectorales y supuesta “instigación a la desobediencia”. Su sentencia de 20 años se produce en un contexto de “represión quirúrgica” denunciada por la oposición, que incluye allanamientos y torturas selectivas contra líderes regionales. Vente Venezuela lo considera un “rehén político” para desarticular su estructura en el occidente del país.
Reacciones internacionales y escalada represiva
La condena ha provocado una oleada de repudio global. El Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado exigiendo la liberación inmediata de ambos, calificando las sentencias como “abuso del sistema judicial” para perpetuar el poder de Maduro.
La OEA, liderada por Luis Almagro, reiteró su llamado a la “libertad sin condiciones” de Tudares desde enero, mientras que la Unión Europea y Amnistía Internacional documentaron el caso como violación a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y juicios sin debido proceso.
En Venezuela, la PUD y Machado denunciaron las sentencias como “farsa judicial” destinada a intimidar ante la creciente presión internacional sobre Maduro, quien enfrenta sanciones renovadas de Washington y la Unión Europea. “Estas condenas no doblegan nuestra convicción; son la prueba de un régimen en agonía”, afirmó González Urrutia desde el exilio.
Con Tudares e Isturiz sumándose a cientos de presos políticos –incluyendo militares y civiles como Juan Freites y Biagio Pillieri–, el régimen refuerza su control mediante la cárcel. La oposición, desde el exilio y la clandestinidad, prepara recursos ante la Corte Penal Internacional, mientras la crisis humanitaria en Venezuela se agrava: más de 7 millones de emigrantes y una economía colapsada.
Estas condenas no solo atacan a individuos, sino al núcleo familiar y organizativo de la resistencia democrática, en un intento desesperado por aplastar cualquier atisbo de transición.
