El gobierno del presidente Javier Milei ha implementado una serie de reformas de segunda generación en el Sistema de Inteligencia Nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el 31 de diciembre de 2025, que modifica la ley de inteligencia para potenciar el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como entidad central.
Bajo la dirección del nuevo titular, Cristian Auguadra, designado por el presidente, la SIDE adquiere atribuciones ampliadas, incluyendo la solicitud de información a cualquier organismo del sector público, la coordinación con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el liderazgo en la obtención y análisis de información estratégica, el combate al terrorismo, el análisis geoespacial y la gestión de la criptografía estatal, así como vínculos con entidades nacionales e internacionales en materia de inteligencia.
Estas medidas buscan eliminar duplicidades, adaptar el sistema a amenazas contemporáneas como ciberataques, desinformación y operaciones de influencia extranjera, y enfocarse en la producción de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, sin asumir funciones policiales o judiciales.
Además, el Decreto 864/2025 establece la primera Política de Inteligencia Nacional en más de dos décadas, un documento reservado que define cinco intereses estratégicos clave: garantizar la soberanía y autonomía nacional, proteger la integridad territorial, salvaguardar la vida y derechos de los habitantes, asegurar el sistema democrático republicano y federal, y preservar recursos estratégicos.
Esta política guía a la SIDE mediante ejes estratégicos que incluyen disputas de poder global, riesgos de influencia externa, proyección antártica, presencia en el Atlántico Sur y Malvinas, explotación de recursos como litio y gas, amenazas en el ciberespacio, tecnologías de frontera como inteligencia artificial, terrorismo transnacional y crimen organizado en fronteras permeables.
Para su implementación, se crea una Estrategia Nacional de Inteligencia y se establecen órganos desconcentrados como el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI), con énfasis en la protección de infraestructuras críticas y la soberanía cognitiva.
Fortalecimiento de la Contrainteligencia La Agencia de Seguridad Nacional
Se transforma en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), centrada en prevenir infiltraciones, fugas de información, espionaje, ataques al orden constitucional, sabotaje e interferencias externas.
Esta reorientación elimina superposiciones con la Policía Federal, delegando investigaciones criminales a las fuerzas de seguridad competentes, y define la contrainteligencia como prácticas preventivas adaptadas a amenazas tecnológicas, políticas y cognitivas.
El personal de inteligencia ahora puede brindar autoseguridad, repeler agresiones, solicitar apoyo logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, y realizar aprehensiones en casos de flagrancia o por orden judicial, notificando inmediatamente a las autoridades competentes.
Avances en Ciberinteligencia y Ciberseguridad
Se establece una clara separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad: la Agencia Federal de Ciberseguridad se convierte en la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), dedicada a obtener conocimiento estratégico del ciberespacio.
Paralelamente, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado bajo la Jefatura de Gabinete, responsable de planificar y supervisar políticas de ciberseguridad para proteger el ciberespacio nacional, infraestructuras críticas de información, activos digitales estratégicos y sistemas de servicios públicos esenciales, con transferencia de activos y personal de la agencia anterior.
Optimización de la Inteligencia Militar
Para resolver superposiciones en el Ministerio de Defensa, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, trasladando la producción de inteligencia estratégica militar al Estado Mayor Conjunto.
Esto permite una distribución clara de responsabilidades y habilita a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas, optimizando recursos como sensores y plataformas técnicas.
Mejora en Controles y Auditorías Internas
La División de Asuntos Internos se redesigna como Inspectoría General de Inteligencia (IGI), ampliando sus funciones para auditorías exhaustivas, investigaciones internas, control de legalidad y supervisión presupuestaria.
Adicionalmente, se crean mecanismos de coordinación como la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra organismos de espionaje con áreas especializadas de Fuerzas Armadas y Seguridad bajo liderazgo de la SIDE, y la Comunidad Informativa Nacional, que incluye ministerios y autoridades para suministrar datos estratégicos, estableciendo procedimientos para el intercambio de información.
En resumen, estas reformas, que disuelven la AFI y reconfiguran el ecosistema de inteligencia, representan un esfuerzo integral por reconstruir capacidades, promover una vigilancia permanente sobre la seguridad nacional y defender la autonomía estratégica, protegiendo recursos clave como litio, gas y acuíferos, así como intereses en la Antártida y el Atlántico Sur.
