Buenos Aires, 29 de diciembre de 2025 – El Gobierno Nacional dio un paso importante hacia la modernización del sistema eléctrico argentino al publicar el Decreto 921/2025, que habilita obras prioritarias de ampliación del transporte de energía eléctrica bajo un régimen de concesión privada. La medida busca mitigar riesgos de cortes de suministro, resolver cuellos de botella y fortalecer la red para acompañar el crecimiento de la demanda.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, delega en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía la ejecución de licitaciones públicas nacionales e internacionales. Estas se realizarán bajo la Ley de Concesión de Obra Pública, permitiendo que inversores privados construyan, operen y mantengan la infraestructura sin utilizar fondos fiscales directos.
El modelo prioriza la previsibilidad jurídica y la sostenibilidad económica. Este avance forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que ya identificó 16 proyectos prioritarios (Resolución 715/2025) en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024-2026.
El plan responde a la crítica situación heredada del sector, donde las inversiones en transmisión fueron insuficientes en los últimos años, dejando el 35% de las instalaciones al final de su vida útil y generando restricciones que afectan la calidad del servicio.
En julio de 2025, ya se definieron las tres primeras obras estratégicas a licitar con financiamiento 100% privado (Resolución 311/2025):
- AMBA I: Refuerza el abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 40% del consumo nacional.
- Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: Facilita la evacuación de generación renovable y convencional desde Cuyo y parte de Comahue.
- Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: Mejora la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.
La iniciativa busca robustecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), reducir costos por generación forzada y habilitar nueva generación, especialmente renovable. Según la Secretaría de Energía, se trata de una transformación estructural que prioriza la eficiencia, reduce el gasto público y fomenta la inversión privada.
Con este decreto, el Gobierno busca normalizar el sector y destrabar inversiones postergadas, garantizando un sistema eléctrico más confiable y preparado para el desarrollo productivo del país.
